Familiares de uno de los jóvenes que murió en una explosión e incendio en un depósito de fuegos artificiales en Toledo el pasado 25 de octubre presentaron este lunes una denuncia penal ante el juez letrado de esa localidad de Canelones por "posible homicidio culposo". El escrito presentado ante la Justicia solicita pruebas y que se investiguen las circunstancias de la muerte de los cuatro hombres.
Tres de ellos murieron en el lugar y uno –el familiar de los denunciantes- murió tres días después en el Centro Nacional de Quemados (Cenaque) como consecuencia de las quemaduras. Al momento de la explosión, había cuatro trabajadores dentro del local con la puerta del depósito cerrada. Según indica el escrito de la denuncia, testigos narraron "que la puerta era corrediza, de metal y estaba como abollada hacia afuera. Hicieron fuerza para abrirla pero no pudieron por lo que optaron por tomar una columna de hormigón y hacer palanca".
La principal justificación para presentar la denuncia radica en las declaraciones de la Dirección Nacional de Bomberos, a través de su director Leandro Palomeque, quien aseguró que la empresa no contaba con la habilitación correspondiente. El trámite había sido iniciado en 2012 y en 2014 quedó sin efecto porque la empresa no mejoró algunas situaciones que habían sido observadas.
"Es obvio que si la empresa ocupaba a los trabajadores en un lugar con explosivos que no tenía habilitación de Bomberos, habría incurrido en una conducta ilícita. No se puede hacer trabajar a nadie en esas condiciones", indica la denuncia.
Dos días después del accidente, el Ministerio de Trabajo afirmó en un comunicado que se trató del "más grave accidente de trabajo que ha ocurrido durante el año". El abogado de los denunciantes, Óscar López Goldaracena destacó que esa afirmación justifica aún más presentar la denuncia penal por homicidio culposo. De inmediato, la cartera dispuso la clausura "preventiva" de la empresa.
A su vez, la Intendencia de Canelones (IMC) informó que no se había otorgado la habilitación comercial al lugar porque el requisito para hacerlo era que estuviera finalizado el trámite de habilitación de Bomberos.
El comunicado de la comuna canaria aclara que había medidas contra incendios; sin embargo el día del accidente no funcionaron. Bomberos prepara una pericia que estará pronta en dos semanas, según indicó la vocera Mariela Vivone a El Observador.
Hace dos años, el entonces alcalde del municipio de Suárez, Leonardo D´andrea, mandó inspeccionar el lugar por la preocupación de vecinos por el estado de la fábrica. La denuncia presentada este lunes señala que el depósito se clausuró en esa oportunidad y pide que se cite a declarar al exalcalde.
Por su parte, la empresa alegó que contaba con la autorización del Ministerio de Defensa a través del Servicio de Materiales y Armamentos, que tiene competencia para autorizar las importaciones, el transporte y la comercialización de fuegos artificiales.
López Goldaracena indicó a El Observador que como quien da la habilitación para los depósitos de ese tipo de explosivos es Bomberos, "hay jurisdicciones superpuestas". "En materia de fuegos artificiales deberían haber modificaciones para que no se puedan importar si no se demuestra dónde van a ser depositados", dijo.
La denuncia no es contra una persona en particular, sino que solicita a la Justicia que se indague quién es el responsable penalmente.
Con información de: El Observador
