La Cámara de Representantes del Parlamento uruguayo aprobó hoy por unanimidad la creación de una comisión investigadora para indagar sobre la continuidad de prácticas de espionaje por parte de militares en tiempos de democracia, luego de que terminara la dictadura (1973-1985).
El debate se inició tras el descubrimiento de archivos de inteligencia militar que guardó por años en su casa de Montevideo el coronel retirado Elmar Castiglioni, fallecido en 2015.
El denominado "Archivo Castiglioni" contiene material que prueba seguimientos, escuchas clandestinas, infiltraciones y una serie de actividades de inteligencia a partidos políticos y sus líderes, organizaciones sociales, autoridades judiciales, sindicalistas, entre otras personalidades del ámbito local.
Dentro de ese archivo existe material sobre expresidentes de Uruguay como el recientemente fallecido Jorge Batlle (2000-2005) y del primer periodo del actual mandatario, Tabaré Vázquez (2005-2010).
La existencia de dicho material fue denunciada a la Justicia por el entonces titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia Javier Miranda (2014-2016).
A raíz de esta situación, las autoridades judiciales realizaron en octubre de 2015 un allanamiento en la casa del militar retirado, donde encontraron unas 65 cajas con documentación y varios DVD con material.
Actualmente, el "Archivo Castiglioni" se mantiene confidencial, en manos de la Justicia y custodiado por efectivos policiales.
Solo han tenido acceso a dicho material jueces, fiscales y dos historiadores: Isabel Wschebor y Álvaro Rico, quienes elaboraron un informe cada uno para la jueza del caso.
En tanto, el periodista uruguayo Samuel Blixen, del semanario local Brecha, también accedió a parte de ese material, con el que ha publicado historias en dicho medio relacionadas al tema.
Wschebor explicó a Efe que, en términos generales, "es un archivo que tiene información que se podría conectar con otras y que estaría asociado a la ocultación de los cuerpos de los desaparecidos (en dictadura), donde están y las circunstancias de esa desaparición".
"Después hay expedientes que él continuó en democracia", aseguró Wschebor, quien no quiso hacer mayores declaraciones, ya que la causa aún está en investigación.
Por su parte y, a raíz de estos hechos, varios diputados nacionales presentaron el tema en la Cámara de Representantes para que fuera investigado por el pleno de ambas cámaras parlamentarias.
En este sentido, el diputado del oficialista Frente Amplio (FA) Roberto Chiazzaro aseguró a Efe que la investigación judicial y la investigación parlamentaria mantendrán diferentes objetivos.
Mientras que la judicial se centra en esclarecer la situación de personas desaparecidas durante la dictadura, la parlamentaria indagará sobre las prácticas de espionaje militar en democracia y las consecuencias relacionadas.
"La preocupación que tenemos es que ha habido, durante plena vigencia de la democracia, una serie de actividades de espionaje e inteligencia militar", señaló Chiazzaro.
Asimismo, el diputado frenteamplista explicó que la investigación buscará determinar si dichas actividades se realizaron "con el consentimiento de los mandos y con fondos públicos".
Por su parte, el diputado del FA Luis Puig indicó que estas actividades de inteligencia militar constituyen un "claro ataque a la democracia".
Con información de EFE
