La "sorpresa" y la "desazón" protagonizaron las reacciones de los familiares de las víctimas uruguayas de la represión en el llamado Plan Cóndor en América Latina entre las décadas de 1970 y 1980, que no esperaban la absolución hoy en Roma de 19 de los 28 militares imputados.
Aun así, se mostraron confiados en que la Fiscalía de Roma y Uruguay y los familiares de las víctimas que se personaron como causa civil apelen el dictamen.
El Tribunal de Roma dictó hoy sentencia en el juicio en primera instancia que ha investigado la muerte y desaparición de una veintena de ítalo-latinoamericanos en el marco del sistema represivo de la Operación Cóndor.
De los 14 uruguayos imputados, entre los que figuraba el exdictador fallecido el pasado 28 diciembre Gregorio Álvarez, solo fue condenado a cadena perpetua el excanciller uruguayo Juan Carlos Blanco, mientras que el resto fueron absueltos.
"Hay una cuestión afectiva de un gran desazón por este dictamen, que si bien responsabiliza al excanciller Blanco de estos crímenes, absuelve a algunos autores que desde nuestro punto de vista claramente son responsables", dijo a Efe Felipe Michelini, hijo del político uruguayo Zelmar Michelini, asesinado durante la dictadura argentina.
"Al mismo tiempo tenemos la convicción de que hay serios argumentos para que la Fiscalía de Roma apele y poder revertir este resultado, que no colma las expectativas de los familiares, ni honra la memoria de las víctimas", añadió Michelini, que además es coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en ese período.
Por su parte, el integrante de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Nilo Patiño, declaró a Efe que aunque tenían "la esperanza terrible" de una resolución condenatoria, la absolución "es un golpe" pero que está fuera de sus manos por no haberse realizado en Uruguay.
"Nosotros no podemos repudiar una cosa que no sabemos exactamente cómo es", dijo en relación a la justicia italiana.
Y agregó que para la Asociación "lo principal" es que el juicio no se haya celebrado en Uruguay.
"Eso sí lo repudiamos", dijo, y criticó concretamente la extradición fallida del ítalo-uruguayo Jorge Néstor Troccoli Fernández, uno de los acusados que vive en libertad en Italia, donde se exilió.
El integrante de la secretaría de Derechos Humanos de la principal central sindical uruguaya, PIT-CNT, Raúl Olivera, dijo a Efe que se debería "abrir la instancia de la apelación".
Olivera declaró que el Estado uruguayo, personado en el juicio tendría que apelar la sentencia y "reconsiderar la estrategia judicial del abogado", que en su opinión es "el gran fracasado de esta situación".
El también coordinador ejecutivo de la organización de derechos humanos Observatorio Luz Ibarburu, aclaró que cuando fue a declarar por la causa a Italia, en junio de 2015, se sintió "asombrado" de la Justicia italiana y acusó al tribunal de entender "poco o nada la realidad de América Latina".
En este sentido, Michelini se mostró más cauto y alegó que "hay que esperar los fundamentos del juicio, y no hay que hacer afirmaciones en caliente".
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"Ahora hay que leer con atención los fundamentos de la sentencia. Hay un plazo para que el tribunal los dicte y sobre eso, analizar bien las razones, y después hay un plazo para apelar" para "continuar en la lucha por la verdad, la justicia y la memoria", comentó.
El vicepresidente uruguayo, Raúl Sendic, argumentó de forma similar en su comparecencia ante los medios hoy en Roma tras el dictamen, y dijo que "hay que esperar a conocer exactamente cuáles son los fundamentos que utilizó el tribunal para llegar a esta sentencia".
Tras ello, Sendic señaló que el país se coordinará en las próximas semanas con las partes involucradas, particularmente familiares y víctimas, para apelar la sentencia.
Con información de EFE
