Cuando la policía colombiana detuvo a Víctor Colmenares vendiendo café sin permiso de trabajo en las polvorientas calles de Cúcuta, le ordenaron subirse a un camión repleto de migrantes venezolanos que estaban siendo deportados silenciosamente del país.
El Informador
El trabajador de la construcción de 20 años temblaba mientras el camión se acercaba a la frontera de Colombia y pensaba en su esposa embarazada que seguía en Cúcuta y en los peligros que él enfrentaría en su regreso al país del que huyó. “Cuando me regresaron al puente sentí un miedo grandísimo de regresarme a Venezuela”, dijo.
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A raíz del masivo éxodo de venezolanos que huyen de la crisis económica y humanitaria, Colombia ha respondido fortificando las revisiones dirigidas a reducir el número de migrantes que ingresan a la nación de forma ilegal. En las ciudades fronterizas como Cúcuta, la policía acorrala a los venezolanos que venden ilegalmente helados en las plazas públicas o que trabajan como prostitutas en burdeles, y los regresan a Venezuela.
Sin embargo, aunque el retiro de venezolanos en Colombia es legal, surge una espinosa pregunta: ¿Los migrantes deberían de ser devueltos a Venezuela, un país al que naciones como Estados Unidos han criticado y considerado como como una “dictadura” aquejada por la hambruna?.
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Más de un millón de venezolanos han huido en los últimos dos años y ahora se encuentran desplazados a lo largo de la región en una ola migratoria sin precedentes en la historia moderna de Latinoamérica. Colombia ha recibido un flujo de migrantes estimado en 3.000 venezolanos que llegan diario a la nación andina. A ese paso, Colombia recibe en dos meses cerca de la cantidad de migrantes que Italia recibió durante 2016 en el nivel más alto de la crisis de migración en el mar Mediterráneo.
Oficialmente, Colombia deporta pocos migrantes: apenas 442 han sido retirados del territorio en lo que va de 2018, de acuerdo con cifras gubernamentales. Sin embargo, aquellos números no incluyen a los migrantes como Colmenares, a quienes los funcionarios consideran como haber “regresado voluntariamente” a su país de origen. En total, cerca de 2.700 venezolanos han sido regresados bajo esa clasificación, de acuerdo con las autoridades.
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Aunque muchos no huyen debido a la persecución política, la ONU señaló que las circunstancias que provocan que los venezolanos migren están dentro de la Declaración de Cartagena de 1984, firmada por varias naciones latinoamericanas. El acuerdo no vinculante adopta una definición más amplia de refugiados que incluye a la gente que huye de la violencia, la hambruna y la pobreza, resultantes de una ruptura del estado de derecho.
Las acciones de los colombianos se producen en momentos en los que el presidente venezolano Nicolás Maduro trata de reforzar su control sobre el poder al prohibir que sus adversarios más fuertes se postulen para los comicios presidenciales convocados el 20 de mayo. Mientras tanto, la hiperinflación ha paralizado el valor del salario mínimo mensual de Venezuela, que actualmente apenas alcanza para comprar un cartón de huevos.
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Otros países también regresan a los venezolanos mientras sus números aumentan, aunque no necesariamente bajo un “regreso voluntario”. Trinidad y Tobago recientemente deportó a 82 venezolanos, más de un tercio de los que solicitaron el asilo. La ONU condenó la acción y la calificó como una violación de la ley internacional de refugiados.
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