A pesar del boom petrolero que disfrutó Venezuela entre 2004 y 2014, el país disparó el gasto con tal intensidad que la lluvia de petrodólares quedó pequeña y la deuda en divisas se quintuplicó a una velocidad centelleante.
El Político
Tras no crear un fondo de ahorro, malbaratar buena parte del dinero y sufrir una catastrófica caída de 70% en la producción de petróleo -el producto que provee 96 de cada 100 dólares que ingresan al país-, la bancarrota es un hecho y los acreedores amenazan con despedazar a Citgo, la filial de Pdvsa que opera en el mercado estadounidense y que es un activo estratégico para los venezolanos, porque actúa como un puente para vender petróleo en el principal mercado del planeta.
Las estadísticas oficiales registran que la deuda en dólares del Gobierno y sus empresas suma 131.000 millones de dólares, pero un estudio de la firma Torino Capital sostiene que al añadir otros compromisos, como expropiaciones a compañías extranjeras, el monto aumenta hasta 168.000 millones de dólares.
Caso Citgo
En 2008 Hugo Chávez eliminó la concesión que le permitía a la compañía canadiense Crystallex explotar una mina de oro en el sur de Venezuela. La empresa reclamó el pago de 1.400 millones de dólares en compensación, y como no logró ningún tipo de acuerdo recurrió al tribunal de arbitraje del Banco Mundial, donde obtuvo una decisión favorable.
El gobierno venezolano se negó a pagar, y Crystallex acudió a una Corte Federal en Estados Unidos que falló a su favor en agosto de 2018 y determinó que puede cobrar la deuda apropiándose de activos de Citgo.
El Gobierno venezolano apeló la decisión, pero el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos, en Filadelfia, ratificó el fallo el pasado 29 de julio. Si bien es posible solicitar a la corte que reconsidere la decisión o elevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, el riesgo de perder el control de Citgo ha aumentado de manera considerable.
El fallo de la corte de apelaciones amenaza con desatar una ola de demandas similares a la de Cristallex por otras empresas expropiadas durante el mandato de Hugo Chávez, que buscarían cobrar lo que reclaman apropiándose de activos de Citgo. Este camino ya fue tomado por Owens Illinois que el 11 de febrero demandó a Venezuela y exigió el pago de 500 millones de dólares por la expropiación de dos plantas en 2010.
Fuentes de la oposición venezolana afirman que en marzo se solicitó a la administración de Donald Trump que emita una orden ejecutiva para preservar los activos venezolanos, pero no ha habido éxito en la gestión.
En un breve comunicado, la junta de Pdvsa nombrada por Juan Guaidó afirmó que tomarán "todas las acciones necesarias para defender los activos de Venezuela en el exterior", sin precisar cuál será el camino a tomar en la batalla legal por el control de Citgo.
En diciembre de 2016, el Gobierno de Nicolás Maduro hipotecó a Citgo al emitir unos bonos de Pdvsa que vencen en 2020, que, a diferencia de otras obligaciones, está garantizado con el 50,1% de las acciones del holding que controla Citgo.
Para evitar que los acreedores embarguen las acciones de Citgo, Venezuela deberá cancelar 913 millones de dólares en octubre, una cantidad importante en medio de la falta de divisas y la disputa por el control de la empresa que mantienen el Gobierno interino de Juan Guaidó y la administración de Nicolás Maduro.
Cuando los países no están con capacidad de pagar la deuda inician un proceso de negociación con los acreedores que tiene como meta una reestructuración de largo alcance que suele incluir una rebaja en el monto adeudado, plazos más largos, nuevo financiamiento, un período de gracia en el que no hay que realizar amortizaciones y tasas de interés más favorables.
En julio de 2017 el departamento de análisis de Deutsche Bank difundió a sus clientes un reporte especial sobre la deuda venezolana señalando que el país necesita una reestructuración que contemple un alivio en términos de liquidez y una rebaja en el monto de la deuda que, desee su punto de vista, es insostenible.
Fuente: Infobae
