El pasado 3 de febrero, el gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300.000 venezolanos.
Esta medida, que entrará en vigor el próximo 7 de abril, ha generado una ola de críticas por parte de defensores de derechos humanos, legisladores y organizaciones internacionales. La razón oficial: "mejoras" en las condiciones de Venezuela.
Pero, ¿realmente han cambiado las cosas en el país sudamericano?
Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la decisión se basa en avances en áreas como la economía y la seguridad en Venezuela. Sin embargo, esta narrativa no convence a muchos. Organizaciones como Human Rights Watch y la ONU han documentado que la crisis humanitaria y política sigue siendo devastadora en el país latinoamericano. El régimen de Nicolás Maduro continúa siendo señalado por violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad, mientras millones de venezolanos enfrentan pobreza extrema y falta de servicios básicos.
La realidad es que Venezuela sigue siendo un lugar peligroso e inestable para quienes han huido buscando refugio.
El TPS no es solo un beneficio migratorio, mucho menos un capricho; es una tabla de salvación para miles de familias que han logrado construir una vida en Estados Unidos. Muchos beneficiarios han trabajado legalmente, pagado impuestos y contribuido a sus comunidades mientras esperaban una solución más permanente a su situación migratoria.
Ahora, con la terminación del TPS, estas personas enfrentan un futuro incierto. “Es cruel e irresponsable”, afirmó Keri Talbot, directora del Immigration Hub. “Enviar a estas personas de regreso a un país donde podrían ser perseguidas o vivir en condiciones inhumanas es simplemente inaceptable”.
Esta decisión también se produce en un momento delicado. Recientemente, Venezuela aceptó recibir vuelos con ciudadanos deportados desde Estados Unidos, lo que algunos interpretan como un movimiento político más que humanitario. Además, aunque el gobierno estadounidense afirma que la medida responde al "interés nacional", muchos ven esto como parte de una política migratoria más restrictiva que ha caracterizado las administraciones republicanas recientes.
Es importante destacar que esta medida no afecta a los venezolanos protegidos bajo el TPS designado en 2021, que sigue vigente hasta septiembre de 2025. Sin embargo, para los beneficiarios del TPS otorgado en 2023, el tiempo se agota rápidamente.
La terminación del TPS deja a miles de familias enfrentando decisiones imposibles: quedarse ilegalmente en Estados Unidos o regresar a un país donde su seguridad no está garantizada.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos y legisladores prometen seguir luchando para revertir esta decisión o encontrar alternativas legales para proteger a estas personas vulnerables.
