Venezuela podrá recurrir ante los tribunales de la Unión Europea las sanciones que le impusieron a finales de 2017.
El Político
Esto se refiere a la prohibición -aprobada por el Consejo de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE– a cualquier persona o ente europeo, de vender al gobierno de Caracas equipo militar o de seguridad que pudiera ser utilizado para reprimir a su pueblo.
Se trata "de cerrar cualquier posibilidad de que, desde Europa, se comercialice, venda o suministre cualquier tipo de equipo militar, bombas lacrimógenas, chalecos, etc.”, explica a DW Mariano De Alba, especialista en derecho internacional del think tank Crisis Group.
Venezuela vivió una época de protestas muy intensa
"Hay que recordar que, de abril a julio de 2017,Venezuela vivió una época de protestas muy intensa. Hubo altísima represión, persecución política, torturas, algunos asesinatos, detenciones arbitrarias. El Consejo Europeo reaccionó con esa medida”, puntualiza.
Venezuela se opuso; su recurso fue rechazado como no admisible por el Tribunal General (TGUE), en septiembre de 2019; a la apelación respondió el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en enero de 2021: se aceptaba el caso.
Hace una semana, el TJUE falló que, efectivamente, Venezuela puede llevar a juicio a la UE por esas sanciones que el país sudamericano considera injustificadas.
Bruselas reacciona
"El Consejo analizará cuidadosamente el fallo y decidirá con esa base el camino a seguir”, explican a DW fuentes oficiales. El fallo de la Corte responde a la cuestión de si un Estado tercero, no miembro de la UE, está en capacidad de cuestionar las medidas restrictivas que adopta el Consejo, máxima instancia del bloque europeo.
Cabe recordar que, en mayo de 2018, el Consejo adicionó sanciones individualizadas -flexibles y reversibles- a once miembros del gobierno de Nicolás Maduro, por su participación en actos represivos y de violación a derechos humanos y civiles.
Y los sancionados han ido creciendo. Entretanto, son 55 los miembros del gobierno venezolano sobre los que pende tanto la imposibilidad de acceder a territorio comunitario como la congelación de los activosque puedan tener en el sistema financiero comunitario.
Venezuela con derecho al debido proceso
En cualquier caso, de llegar a juicio, "los abogados de la UE van a tener que probar dos cosas”, explica De Alba.
"La primera: la justificación legal, es decir las normas que permiten tal reglamento. Esas normas existen y el Consejo está facultado. El segundo punto es la justificación fáctica: demostrar que en 2017 y en los años subsiguientes hubo gran violación de derechos humanos y represión y que para ello, por lo menos durante 2017, se utilizó, efectivamente, determinados equipos militares y de seguridad”, puntualiza.
Aunque las decisiones del Consejo se basan, entre otros, en informes internacionales, no sería la primera vez que sanciones impuestas por la UE son revocadas
