Con el fin de exigir servicios básicos como agua, energía eléctrica y gasolina, decenas de personas se lanzaron a las calles de Venezuela para protestar y hacer valer sus derechos.
El Político
Lo cierto es que solo en julio se registraron en Venezuela 671 protestas de la sociedad civil, todas vinculadas a la exigencia de dichos servicios.
En promedio fueron 22 protestas diarias lo que equivale a un 3 por ciento más que el mismo mes del año pasado, esto según el reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
La mayoría de las protestas surgieron de forma espontánea, sin dirección de algún dirigente político.
Del total, 185 fueron para exigir derechos básicos, 173 derechos laborales, 152 por la participación política, 141 por salud y 85 pidiendo justicia, reportó ElTiempo.
El informe detalla que las modalidades de manifestación fueron distintas, por ejemplo, 440 de las protestas fueron concentraciones en calles y avenidas.
Detalla que se realizaron 258 pancartazos, 103 cierre de vías, 34 paro de actividades y 18 marchas.
#InformeOVCS | Primer Semestre 2021
▶️ 3.393 manifestaciones, a pesar del estado de alarma y represión
▶️ 59 protestas fueron reprimidas
▶️ 1 persona asesinada en el marco de protestas
▶️ 25 detenidos
▶️ 7 heridos#22Jul Detalles: https://t.co/TlnCfqL1DF #OVCS pic.twitter.com/WQhEy1KGat
— Observatorio de Conflictos (@OVCSocial) July 22, 2021
Infinito clima de conflicto
El clima de conflicto en Venezuela no cesa, pero es más difícil visualizar los reclamos porque la mayoría ocurre en las regiones y no en la capital. Falta de electricidad o internet, dificultan la obtención de la información .
El observatorio puntualizó que el mes de julio estuvo cargado de exigencias por el rechazo al actual salario mínimo menor a 2 dólares mensuales, la detención de personal de salud solo por pedir insumos y vacunas contra el Covid.
Pero también se sumaron los maestros reclamando condiciones para retomar clases presenciales.
Se evidenció la preocupación de transportistas, pescadores y productores agrícolas que están dejando de percibir ingresos por falta de combustible para movilizarse.
El informe planteó el retardo judicial y la detención de activistas de DDHH como Javier Tarazona, director de la Organización FundaRedes.
Dicha organización se encarga de documentar la presencia de los grupos irregulares en territorio venezolano.
