La Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas podría ser el último recurso para evitar la deportación del mexicano Miguel Pérez Jr., un veterano de guerra condecorado que combatió en Afganistán en las fuerzas especiales de Estados Unidos.
Aunque tiene residencia permanente, Pérez enfrenta la posibilidad de ser enviado a México después de haber cumplido una pena de siete años en una prisión estatal por un delito grave.
Pérez, de 38 años, fue condenado por haber entregado un maletín de cocaína a un oficial de policía encubierto.
En la audiencia, el mexicano insistió en que se implicó en este problema por su adicción a las drogas y el alcohol, que consumía para combatir los efectos del trastorno por estrés postraumático (TEPT) debido a su participación dos veces en operaciones militares.
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Su abogado, Chris Bergin, argumentó hoy en una audiencia ante la jueza de inmigración Robin Rosche que Estados Unidos es firmante de la convención internacional, por la que se compromete a no deportar a ciudadanos o personas de otro país a lugares donde puedan ser torturados.
Bergin sostuvo que en el caso de Pérez su vida correría peligro en México, que dejó cuando tenía 8 años de edad, y podría ser blanco de los carteles de drogas, interesados en reclutar a veteranos con experiencia en combate.
La fiscal asistente, Anastadie Senat, rechazó el argumento y dijo que si bien el caso despierta simpatía por ser alguien que sirvió al país en una guerra, Pérez "debe enfrentar las consecuencias" por haber violado la ley.
Pérez, quien está recluido en un centro de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Wisconsin, asistió a la audiencia a través de un circuito cerrado de televisión.
Consultado por la jueza y los abogados, el mexicano habló sobre su historia familiar y los años que pasó en el Ejército, entre 2001 y 2003.
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"Me siento como que estuviera luchando contra una sentencia de cadena perpetua, porque el resultado va a determinar el resto de mi vida, lejos de mis seres queridos y de mi país, que seguirá siendo este, sin importar lo que suceda", señaló.
Antes de finalizar la vista, la jueza Rosche autorizó a los familiares de Pérez a que lo saludaran a través de la cámara y anunció que se tomará unas semanas para emitir su fallo por escrito.
El caso de Pérez ha movilizado a la comunidad latina de Chicago, y a varios representantes estatales y federales que escribieron cartas de apoyo.
Asimismo, el Concejo Municipal de Chicago, la Junta de Comisionados del Condado de Cook y las dos cámaras de la Asamblea Legislativa de Illinois aprobaron resoluciones que piden alivio federal para los soldados indocumentados que cometan crímenes no violentos.
EFE
