Vladimir Putin y la Corte Penal Internacional

A propósito de la petición por parte de varios países para que el Fiscal de la CIP (Corte Internacional Penal) inicie una investigación contra Putin, y aunque esa petición colectiva es inédita y, en teoría, permitiría activar los procedimientos de la CPI con mayor rapidez, la Fiscalía de la Corte puede comenzar su trabajo saltándose varios trámites que ralentizan el proceso.

Marysol Zerpa / El Político (Exclusivo)

Hay que tener en cuenta que, en este caso, Rusia (y EE. UU., por cierto) no son signatarios del Estatuto de Roma que da nacimiento y legitimidad a la Corte.

Limitaciones

Aún en el caso de que la CPI llegue a emitir una orden de detención internacional contra dirigentes rusos, dicha aprehensión dependería de la voluntad de los Estados involucrados el que se lleven a cabo sus demandas y en este caso, Rusia, al no ser signataria y no formar parte de él, no tiene obligación de seguir sus decisiones. Solamente en el caso de que pusiera un pie fuera de Rusia, podría ser aprehendido.

Acoto que ésta es mi opinión, como abogado que ha estudiado la materia, y motivada por ver tanta información indiscriminada que corre y que cada quien asume como cierta, entendiendo que quisiéramos escuchar cosas más alentadoras y en sintonía con los principios de justicia universal que la gente de bien concibe y prefiere.

Verdades incómodas

A efectos de divulgación de información relativa a la CIP, aquí les copio algunos tópicos relacionados con el tema que seguramente a muchos interese:

—No hay que confundir la CPI con la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de Naciones Unidas diseñado para tratar conflictos entre Estados y que no tiene jurisdicción ni competencia en asuntos que impliquen responsabilidad penal individual.

—También son diferentes los tribunales ad hoc (creados únicamente para casos en particular) para la antigua Yugoslavia y Ruanda, a partir de resoluciones del Consejo de Seguridad con un mandato limitado a los crímenes cometidos en esas regiones durante períodos concretos de tiempo.

—La actuación de la Corte está basada en el “principio de complementariedad” con las jurisdicciones nacionales de los Estados parte: interviene cuando esos países no pueden o no están dispuestos a investigar y perseguir graves crímenes de derecho internacional.

—La jurisdicción de la CPI solo puede ser activada por la Fiscalía de la Corte, el Consejo de Seguridad de la ONU y los Estados Parte del Estatuto de Roma. El crimen tiene que haber sido cometido en un Estado Parte o por una persona nacional del mismo. Los Estados ‘No Parte’ pueden aceptar la competencia ad hoc de la Corte. Y cuando el caso es remitido por el Consejo de Seguridad, la Corte tendrá jurisdicción independientemente de si el Estado es o no parte del Estatuto de Roma.

—La jurisdicción de la CPI no es retroactiva, y está limitada a los crímenes cometidos tras la entrada en vigor de su Estatuto en 2002. En los Estados que lo hayan ratificado más tarde, la competencia de la Corte alcanzará solamente a los crímenes cometidos después de esa fecha particular, salvo que el país en cuestión haya aceptado explícitamente la competencia de la CPI desde 2002.

—El Estatuto de Roma es aplicable a todas las personas, sin distinción alguna por su cargo oficial, sea jefe de Estado o de Gobierno, miembro del Gobierno, de la Administración o del Parlamento. Y los crímenes que persigue no prescriben.

La Corte Penal Internacional (CPI) es el tribunal encargado de juzgar a los individuos responsables de ciertos delitos muy graves: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresiones entre Estados, así como aquellos acontecimientos que el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o un Estado remite a la CPI.* Sin embargo, la Corte tiene importantes fronteras que no puede cruzar a la hora de expedir dictámenes.

Su jurisdicción se aplica únicamente a los países firmantes del Estatuto de Roma —tratado constituyente de la organización— o a los nacionales de estos* y hay una serie de países que no aceptan la figura de este tribunal, entre las que destacan Estados Unidos, China, India, Pakistán, Turquía, Israel o Rusia.

Putin no está pendiente de estas sanciones ni parece tener conciencia o sensibilidad ante las consecuencias e implicaciones, que a nivel global, tienen sus acciones: él se cree “su verdad” al estilo de los grandes psicópatas megalómanos.

Esperemos que sea un inusitado estado de conciencia lo que lo lleve a poner fin a tanta destrucción y maldad.

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