En octubre del año pasado, en una maniobra que marcó un cambio significativo en la política hacia Venezuela, un poderoso grupo de inversionistas de Wall Street desempeñó un papel decisivo al persuadir a la Casa Blanca de levantar varias sanciones impuestas a los bonos de la deuda venezolana. Este hecho, que sigue resonando en la arena política y financiera, se destacó por la influencia ejercida por estas figuras en la toma de decisiones del gobierno estadounidense.
El Político
La medida adoptada por la Casa Blanca implicó la revocación de una sanción impuesta por la administración del expresidente Donald Trump en agosto de 2017, que prohibía a ciudadanos estadounidenses y a instituciones financieras participar en transacciones relacionadas con los bonos de Venezuela y otras deudas emitidas por el Estado venezolano. Esta sanción fue una respuesta contundente a la represión y la deriva autoritaria del régimen de Nicolás Maduro en ese momento.
El grupo de inversionistas, compuesto por firmas destacadas como Fidelity Investments, T. Rowe Price y Greylock Capital, desplegó un esfuerzo concertado para convencer a la Casa Blanca y al Departamento de Estado de que la sanción a los bonos de la deuda venezolana era contraproducente. Argumentaron que esta medida no solo afectaba sus intereses financieros, sino que también tenía implicaciones geopolíticas al permitir que países hostiles a Estados Unidos, como Rusia, ganaran terreno en Latinoamérica al aprovechar la situación creada por las sanciones.
La información fue proporcionada por el diario Wall Street Journal, quien reportó que, en el momento de la imposición de la sanción, varias firmas estadounidenses poseían bonos venezolanos valorados en unos $50.000 millones. Estos bonos, emitidos principalmente por la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA), eran atractivos para los inversores debido a sus altos rendimientos respaldados por las operaciones petroleras. La prohibición de transacciones frustró estas operaciones, pero algunas firmas, como Fidelity Investments, T. Rowe Price y Greylock Capital, mantuvieron sus inversiones y lideraron la oposición al enfoque de la Casa Blanca hacia el régimen chavista.
Con el cambio de administración en Estados Unidos, el grupo de inversionistas aprovechó la oportunidad para presentar información detallada a funcionarios del Departamento de Estado. Argumentaron que las restricciones a la compra y venta de bonos venezolanos permitían a Rusia expandir su influencia en la región, ya que inversores de Oriente Medio y Chipre, que operaban en el mercado secundario de bonos venezolanos, podrían actuar como testaferros de Rusia.
La estrategia de los inversionistas implicó proporcionar registros de transacciones que mostraban la participación de inversores de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Chipre en el mercado de bonos venezolanos. Argumentaron que estos países eran conocidos conductos para el dinero ruso. Esta información fue clave para modificar la percepción en Washington DC y allanar el camino para el levantamiento de las sanciones.
En octubre de este año, la Casa Blanca emitió las Licencias Generales Número 31 y 9H, autorizando la negociación en el mercado secundario de bonos soberanos venezolanos emitidos por PDVSA. Estas licencias, no limitadas en el tiempo, permiten a personas estadounidenses comprar y vender bonos y valores de PDVSA. El Departamento de Estado respaldó esta decisión al compartir las preocupaciones de los inversionistas sobre la influencia creciente de Rusia en Venezuela.
Aunque la revocación de las sanciones se justificó en términos de contrarrestar la influencia rusa, el resultado fue que el grupo de inversores y acreedores, liderados por firmas como Fidelity Investments, T. Rowe Price y Greylock Capital, cosechó enormes beneficios con las transacciones de bonos. Los precios de los bonos aumentaron significativamente de 13 a unos 20 centavos por dólar justo después de que se levantara la prohibición en octubre.
El Wall Street Journal informó que los inversores están anticipando un impulso adicional cuando los bonos venezolanos se incorporen al índice de bonos de mercados emergentes de JPMorgan, lo que podría suceder el próximo mes. Este desarrollo financiero se presenta como una oportunidad lucrativa para los inversionistas, quienes lograron cambiar la narrativa y obtener resultados favorables en medio de la compleja situación política en Venezuela.
Es importante destacar que, aunque el levantamiento de las sanciones beneficia a los inversores, también permite al régimen de Nicolás Maduro acceder al mercado financiero internacional con mayor libertad. La prohibición previa complicaba el camino para que Maduro obtuviera financiamiento externo, pero ahora, con la restricción levantada, se abre una nueva puerta para el acceso a recursos financieros.
Este episodio ha generado debates en el ámbito político, con algunos senadores republicanos expresando su descontento y argumentando que las sanciones eran cruciales para abordar las violaciones de derechos humanos y responsabilizar al régimen de Nicolás Maduro. El senador Marco Rubio afirmó que las sanciones eran una herramienta crucial para ayudar a los venezolanos que siguen sufriendo bajo el régimen, mientras que el senador Rick Scott acusó al presidente Joe Biden de apaciguar a dictadores al levantar sanciones.
En última instancia, la influencia de Wall Street en la revocación de estas sanciones destaca la interconexión entre los intereses financieros y geopolíticos en las decisiones políticas estadounidenses. Mientras el debate continúa sobre la efectividad y moralidad de las sanciones, este episodio revela la complejidad de las dinámicas entre el poder financiero y las relaciones internacionales en el escenario político global.
