El Gobierno de Argentina planea impulsar cambios en la política migratoria para impedir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales y expulsar a aquellos extranjeros que delincan en territorio argentino, confirmaron hoy fuentes oficiales.
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"No queremos delincuentes que ingresen a Argentina y a los delincuentes que están en Argentina los vamos a echar", afirmó hoy el director de Migraciones de Argentina, Horacio García.
El funcionario explicó que la Dirección de Migraciones cuenta con datos en línea de Interpol para saber si alguien que intenta ingresar a Argentina es requerido por la Justicia de otro país.
Además, indicó que Argentina trabaja para firmar convenios de información migratoria con otros países para mejorar los controles.
Asimismo, dijo que Argentina ya cuenta con un sistema de información anticipada de pasajeros proporcionado por las líneas aéreas y que trabaja para sumar a esos datos otros, como cuándo y con qué medios de pago cada pasajero compra sus billete y qué asiento ocupa en el avión.
"Ese es un paquete que nos va a generar un mayor estándar de seguridad", aseguró García en declaraciones al canal A24.
El funcionario afirmó que la ley migratoria vigente, "que es muy interesante desde el punto de vista de la hospitalidad y de la apertura al mundo con los migrantes, tiene problemas graves, como el de los plazos excesivos administrativos y los plazos judiciales" para expulsar a un extranjero que delinque.
En este sentido, sostuvo que el Gobierno impulsará cambios normativos para poder expulsar a un extranjero que cometa un delito con "un proceso sumarísimo", de un plazo "muy razonable" de dos meses, cuando actualmente pueden pasar varios años para que la expulsión se haga efectiva.
"A nosotros lo que nos interesa es que los delincuentes no entren al país. Y, una vez que los delincuentes ingresaron y cometan un delito, los vamos a echar", advirtió.
Precisó que en los últimos diez años se radicaron en Argentina 2,5 millones de extranjeros, de los cuales, en ese período, fueron expulsados setenta, 35 de ellos en el último año.
Además, indicó que el 21 % de los alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal es extranjero, aunque esa proporción baja al 4,5 % si se toman en cuenta las cárceles provinciales.
"Tenemos que modificar esta situación sin vincular a todos los migrantes que trabajan con los delincuentes. Los delincuentes van a tener un tratamiento especial, que por supuesto va a ser legal, lógico, prudente, pero inflexible. No queremos delincuentes en Argentina", subrayó.
La iniciativa gubernamental para endurecer la política migratoria ha sido cuestionada por algunas fuerzas de oposición.
La diputada Graciela Camaño, del frente Renovador, dijo que la actual ley de migraciones permite impedir el ingreso de "extranjeros en conflicto con la ley", por lo que consideró que la iniciativa es solo un "relato demagogo" del frente gobernante Cambiemos ante el problema de la inseguridad.
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A través de su perfil en la red social Twitter, Camaño consideró que Argentina necesita "medidas contra la inseguridad" y "no anuncios para los diarios de leyes que existen y deberían hacer cumplir".
Con información de EFE
