La Corte Suprema de Justicia rechazó el lunes un pedido de fiscales republicanos para revivir la orden sobre ‘’carga pública’’ del entonces presidente Donald Trump y que afectaba a miles de inmigrantes con sus trámites de residencia.
El Político
La orden, que fue revocada por el presidente Joe Biden, imponía duras restricciones para inmigrantes que buscaban la residencia, negándoles el beneficio si habían recibido asistencia del gobierno, aún más allá de ayuda monetaria.
La regla ha estado vigente desde hace años pero Trump la endureció durante su mandato, reportó Univision.
Carga Pública afectaba a inmigrantes
Un grupo de fiscales de estado republicanos, liderados por Ken Paxton, fiscal general del estado de Texas, presentó una moción ante la Corte Suprema para revivir la polémica regla de ‘’carga pública’’, revocada por Biden tras asumir su cargo.
La Corte Suprema le indicó a los fiscales republicanos, 14 en total, que pueden pelear el caso en el nivel de la corte de distrito.
La medida de Trump modificó la regla al estipular que una persona es ‘’inadmisible’’ para el ajuste de estado a la residencia permanente si es probable que el beneficiario se convierta en una carga pública, o ya sea una carga pública, o solicite asistencia del gobierno.
Corte Suprema rechazó solicitud
Pero la Corte Suprema afirmó este lunes que "rechaza la solicitud, sin prejuicio de que los estados puedan elevar este y otros argumentos ante la corte distrital", lee la orden.
"Luego de que la corte distrital considere una moción como esa, los estados pueden buscar que se revise, si es necesario, en la corte de apelaciones y en una solicitud nueva ante esta corte", agregó el máximo tribunal en su escrito que reportó Telemundo.
El más reciente capítulo se había dado el pasado 24 de febrero, cuando la Corte Suprema ordenó revisar la norma de Trump. Sin embargo, días después, el 9 de marzo, el Departamento de Justicia le informó al máximo tribunal que el Ejecutivo ya no defendería en una apelación la norma instaurada por Trump.
Así ha quedado esta regla tras pasó por la Corte Suprema
El anuncio de DHS sobre el fin de la regla de carga pública impuesta durante el gobierno de Trump significa a su vez el restablecimiento de la norma aprobada en 1999 que estuvo en vigor hasta el año pasado.
La regla de Carga Pública de 1999 establece las pautas para determinar cuándo se convierte en inadmisible y no es elegible un inmigrante, por ejemplo, para ser un residente legal permanente (LPR) o recibir otro tipo de beneficio inmigratorio disponible.
Las determinaciones de carga pública se basan en la solicitud de ciertos servicios públicos que los no ciudadanos acceden bajo ciertas circunstancias.
Inadmisible en EEUU: El término “inadmisible” se incluye en el Articulo 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Señala que una persona que solicita admisión a Estados Unidos o que busca un ajuste de estatus para convertirse en un residente legal permanente (green card o tarjeta verde) “es considerado inadmisible si, al solicitar admisión el ajuste de estatus pueda convertirse en carga pública en cualquier momento”.
Admisión o ajuste de la Corte Suprema, ¿hay diferencia?
Una pregunta recurrente desde 1999 es si existe diferencia para determinar carga pública; cuando un extranjero pide ser admitido o solicita el ajuste de estatus (residencia). “Los estándares de carga pública son los mismos tanto para la admisión como para el ajuste”, precisa la regla de 1999.
Y advierte que, cuando se determina que un extranjero puede convertirse en una carga pública, no solo se le niega el beneficio que solicita; sino que se convierte en deportable de Estados Unidos.
Cómo se determina
La norma señala que para determinar “si es probable que un extranjero se convierta en carga pública, los agentes deben evaluar la responsabilidad financiera del extranjero examinando; la totalidad de las circunstancias en el momento en que presentó su solicitud” (del beneficio migratorio deseado).
Agrega que la existencia o ausencia de un factor en particular “nunca debe ser el único criterio para determinar; si es probable que un extranjero se convierta en una carga púbica”.
Y que la determinación de la responsabilidad financiera “debe ser una evaluación prospectiva basada en la edad, la salud y la familia del extranjero; sus activos, recursos y estado financiero, educación y habilidades, entre otros factores”.
También precisa que “se puede considerar que un extranjero se convierta en carga pública, incluso si no existe la obligación legal de reembolsar; a la agencia que otorga las ayudas por los beneficios o servicios recibidos”.
Para efectos de deportación con la Corte Suprema
La regla de carga pública de 1999 señala que, dentro de los 5 años posteriores a la fecha de entrada; un extranjero se convierte en carga pública, se convierte en “deportable”.
Pero primero el servicio de inmigración debe determinar si el extranjero se ha convertido en una carga pública; dentro de los 5 años posteriores a la fecha de entrada.
A menos que el extranjero demuestre que surgieron circunstancias que hicieron que se convirtiera en una carga pública después de haber entrado a Estados Unidos.
