De cara a la regla final de Carga Pública, que entrará en vigencia a mediados de octubre, resulta oportuno saber cuáles inmigrantes serán afectados por la medida, que restringe la aprobación de trámites migratorios a aquellas personas que podrían recibir beneficios públicos en el futuro
El Político
El reglamento faculta al gobierno de aprobar o no un trámite de ajuste de estatus, como la residencia legal permanente, y una extensión de visa, teniendo presente si existe o no la amenaza de que en cualquier momento se convierta en una carga pública para Estados Unidos.
La norma indica que los funcionarios de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) tienen permiso para decidir la prórroga de una estadía y, en el caso de negarlo, puede enviar al solicitante una Notificación de Comparecencia que lo obligará a ir a una corte de inmigración a fin de conseguir no ser deportado del país.
Según los comunicados de la Casa Blanca, “Esta regla final incluye un requisito: que los extranjeros que buscan una extensión de la estadía o un cambio de estatus demuestren que no lo han hecho desde que obtuvieron el estado de no inmigrante que buscan extender o cambiar, y que tampoco recibieron beneficios públicos”.
Las excepciones serán para:
Las solicitudes de visa o cambio de estatus presentadas antes de la regla “No se verán afectadas, solamente aquellas que sean recibidas a los 60 días después de su publicación”, es decir cuando la normativa entre en vigencia.
La ley “no establece ninguna penalidad para los ciudadanos estadounidenses que, en el pasado, el presente o en el futuro han o vayan a tramitar beneficios públicos. “Incluso si el ciudadano estadounidense está relacionado con un extranjero sujeto a la carga pública de inadmisibilidad”. En decir, los ciudadanos estadounidenses no resultarán afectados por la medida.
En el caso de los “extranjeros de quienes el Congreso ha eximido a carga pública” como asilados, refugiados u otras poblaciones vulnerables, no entran bajo las disposiciones de la regla.
Adicionalmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) considerará el recibo de beneficios públicos de determinados miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, hijos adoptivos, y recepción de Medicaid en ciertas circunstancias, sobre todo a extranjeros menores de 21 años, mujeres embarazadas y mujeres hasta 60 días después de dar a luz, se lee en las descripciones del reglamento.
También quedan excluidos “ciertos servicios financiados por Medicaid bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) o en un entorno escolar”.
Los expertos aconsejan a los inmigrantes buscar asesoría legal para evitar que sus trámites no sean negados.
Fuente: Univisión
