Un grupo de inmigrantes venezolanos demandó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por haberlos enviado de San Antonio, Texas, a Martha’s Vineyard, en Massachusetts, bajo lo que consideran un esquema "premeditado, fraudulento e ilegal" con el que "explotaron" sus vulnerabilidades solo con un fin político, se lee en el documento de 35 páginas.
El Político
Acusa a quienes, dice el texto, se hicieron pasar por "buenos samaritanos que ofrecían ayuda humanitaria".
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Para convencerlos de que abordaran los vuelos, cuentan, dieron a los inmigrantes tarjetas de 10 dólares para comer en McDonald’s y les prometieron que en otros estados conseguirían empleo, vivienda y oportunidades de educación, reportó Univision.
Demanda contra DeSantis
"Luego, los demandados pusieron a los miembros de esta demanda en habitaciones gratis de hoteles, los aislaron del centro de migrantes", agregan. Y una vez que agruparon a una cantidad suficiente para llenar dos vuelos charter, los montaron en los aviones.
"Según la información y lo que se cree, los demandados pagaron $615,000 por aviones fletados ($12,300 por pasajero) (…) y les dijeron que iban a volar a Boston o Washington DC, lo cual era completamente falso. En cambio, los aviones fletados dejaron a los demandantes en Martha’s Vineyard en la tarde, sin comida, agua ni cobijo. Nadie en Martha’s Vineyard —en cualquier parte de Massachusetts— sabía que venían. Los acusados desaparecieron", narran.
Al día siguiente, cuentan, el gobernador DeSantis tomó crédito por el envío de los migrantes a Martha’s Vineyard al usar 12 millones de dólares en fondos otorgados por la legislatura estatal. Así que entre los demandados están él; el secretario del Departamento de Transporte de Florida, Jared W. Perdue, por liderar la movilización de los migrantes; el propio estado; y cinco personas más que indujeron a los venezolanos a tomar los vuelos desde San Antonio, entre ellas una que decía llamarse "Perla".
Tríptico a inmigrantes
Este martes, un reportero del newsletter Popular Information tuvo acceso a un tríptico que habrían entregado a los inmigrantes una vez en los aviones y que no fue elaborado por ninguna autoridad en Massachusetts. Se los dieron, cuenta la demanda, en una carpeta en la que además había un papel con instrucciones sobre cómo cambiar su dirección con el Servicio de Migración (USCIS).
En el panfleto, les ofrecen hasta ocho meses de asistencia con dinero en efectivo para aquellos que son elegibles y no tienen dependientes, así como beneficiarse con programas de empleo, ayuda para obtener viviendas, comida y productos básicos, ropa y transporte para el trabajo, el registro de los niños en la escuela, entre otras ofertas.
"Pero de hecho, los demandados no habían hecho arreglos de empleo, casa, ni de oportunidades de educación o cualquier otro tipo de asistencia en donde serían recibidos. Ni siquiera habían notificado a ninguna autoridad o entidad sin fines de lucro para que pudieran garantizarles esos servicios", se lee en el texto de la demanda.
Total indiferencia
Al aterrizar, los migrantes comenzaron a sentir el sabor de la mentira. "Una vez que se bajaron de los aviones en Martha’s Vineyard nadie los estaba esperando a su llegada y la incertidumbre los invadió", dice la demanda. Aunque intentaron llamar a los demandados por teléfono, nadie les contestó. Y hasta hoy, aseveran, ninguno de los venezolanos que abordaron esos vuelos han hallado empleo, casa o la asistencia migratoria que les prometieron.
En la demanda, los abogados alegan que bajo la Enmienda 14 de la Constitución, los estados no pueden privar a ninguna persona de su libertad, vida o propiedad sin el debido proceso. Por la forma como actuaron los demandados, existió un abuso de poder con el que los limitaron de su libertad, consideran, "en una forma que conmociona la conciencia", dice la demanda. Aseguran que "actuaron de mala fe" y con "una indiferencia sin medida por el bienestar de las personas".
Condenan que los hayan enviado bajo engaño a miles de millas de distancia de los tribunales en los que están sentados sus procesos migratorios, todos casos bajo jurisdicción del sistema federal.
"La conducta de los acusados entra en conflicto con las leyes y políticas federales; usurpa poderes constitucionalmente conferidos al gobierno federal", se lee en la demanda. "Se involucraron en una conspiración para privar a los demandantes de sus derechos civiles".
