Los condados de San Francisco y Santa Clara, en California, presentaron la primera demanda contra las reglas de "Carga Pública" promovidas por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, alegando que empeorará la salud de sus residentes e inmigrantes
El Político
Luego que este lunes 12 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informó que no otorgarían la tarjeta verde o green card a los migrantes que hayan usado la asistencia médica Medicaid, reciban cupones de alimentos y otros beneficios públicos. Los condados iniciaron la batalla legal tras considerar que la medida va contra el bienestar de sus residentes, aumentará los riesgos de salud pública y tendrá un impacto financiero.
Los demandantes también precisan que el reglamento tiene un “efecto aterrador” en el que los migrantes renunciarán a los programas federales de asistencia pública para evitar que su solicitud de residencia sea negada. Lo que quiere decir que los costos de los servicios deben ser sufragados por el gobierno federal o estatal.
Los condados también argumentaron que la regla no apoya el sistema amplio de leyes de inmigración del Congreso que dan prioridad a la reunificación de familias y que faltan razones para explicar los supuestos beneficios de las reglas o justificar las consecuencias que tendrá.
La fiscal de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, explicó mediante un comunicado que la ley “facilita ir de manera injusta contra inmigrantes que son trabajadores y que cumplen con la ley mientras siembra miedo y confusión en nuestras comunidades” debido que “obliga a la gente a tomar una decisión imposible: su salud o un futuro mejor con su familia. Todos asumiremos el precio de esta política equivocada”.
En este sentido, el Departamento de Seguridad Nacional ha redefinido la carga pública como alguien cuya probabilidad de recibir prestaciones sociales por más de 12 meses dentro un periodo de 36 es más alta que la probabilidad de no recibirlas.
Además, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) evaluará si los inmigrantes que han requerido ayuda pública o servicios como la educación, salario y salud, para determinar si aprueba o no un estatus legal.
También se espera que el Centro Nacional de Leyes Migratorias, con sede en Los Ángeles, imponga una querella sobre la medida que describió como un intento “para privar de derechos a las comunidades de color y favorecer a las acaudaladas” en su afán por configurar el sistema de inmigración legal.
Fuente: Univisión
