La oposición fujimorista, derrotada en las presidenciales peruanas del pasado junio, lanzó su primer gran ataque político contra el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) con una moción de censura a su ministro de Educación, una muestra de su poder y de su afán por marcar la agenda política del país.
El dominio aplastante del Parlamento peruano por el partido Fuerza Popular liderado por Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), permitió habilitar la censura de Jaime Saavedra, uno de los ministros mejor valorados de PPK, con el único fin, según indican numerosos analistas políticos peruanos, de marcar el territorio y meterle presión al Ejecutivo.
La votación que derribará definitivamente al ministro está prevista para la próxima semana, si bien su resultado ya se da por hecho, y su puesta en marcha abrirá también una serie de consecuencias imprevisibles que pueden llevar incluso a un adelanto de las elecciones.
En virtud de la legislación peruana, si el Parlamento rechaza a uno de los ministros del Gobierno, el presidente tiene la opción de proponer un sustituto que sí cuente con el apoyo de los diputados o de hacer del caso una cuestión de confianza a su labor, disolver la cámara y llamar a nuevas elecciones legislativas.
Si bien nadie espera que el pulso llegue tan lejos, PPK aún no ha descartado la posibilidad, alentada además por varias voces en la prensa peruana, que ven en ese paso una posibilidad de restarle poder e influencia a los fujimoristas.
Y es que ante el caso de Saavedra, la prensa peruana tanto de izquierda como de derecha de mayor prestigio han visto en la actuación de Fuerza Popular una prueba "de su arbitrariedad y su mezquindad de miras".
Con esas palabras, el diario El Comercio reafirmó en un duro editorial que no existe ningún motivo para censurar a Saavedra, que formalmente fue interpelado por los diputados por un caso de corrupción en su ministerio y por el retraso en las obras de los Juegos Panamericanos 2019.
En realidad, Saavedra respondió más por sus políticas de reforma educativa, duramente criticadas por los empresarios de la educación privada y sectores conservadores pero que aparentemente ha tenido consecuencias exitosas, según reveló esta misma semana el informe PISA, que certificó una mejora en los índices de desempeño educativo del país.
El columnista Augusto Álvarez Rodrich fue aún más duro y calificó la acción de los "fujimoristas" como un intento "de marcar el territorio, amenazar al gobierno, advertir de su poder, amedrentar a los críticos y alinear a los medios de comunicación".
La cuestión entre los analistas, y lo que sin duda está valorando el Gobierno, es si la actitud de los fujimoristas será vista por la población como "obstruccionista" y eso le reste "simpatía popular".
Además, el hecho de haber culpado a Saavedra de corrupción abriría la puerta para que a los fujimoristas se les recuerde su pasado marcado por el saqueo del Estado y de la corrupción institucionalizada.
De este modo, si hubiera una nueva votación, Fuerza Popular podría perder escaños y poner en juego su abrumadora mayoría en la cámara (72 de 130 diputados), además de darle un respaldo popular a PPK cuando aún restan cuatro años y medio para las presidenciales.
Sin embargo, el Gobierno también estaría en un brete, ya que sus apoyos políticos son escasos (cuenta con solo 17 diputados), nada garantizaría un mejor desempeño en unas nuevas elecciones y adelantar los comicios parlamentarios sería una carta muy fuerte para usar cuando apenas lleva seis meses de labor.
En las elecciones presidenciales, apenas 42.000 votos separaron a Kuczynski, de 78 años, de Fujimori (41), un resultado inesperado para la heredera del exmandatario, en prisión y condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos cometidos bajo su mandato.
Con información de: EFE
