Las fuerzas armadas de Perú seguirán dando apoyo a la Policía Nacional en el control interno de tres regiones del país convulsionadas por la actividad de los mineros ilegales, según una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.
La intervención de las fuerzas armadas ha sido prorrogada hasta el 6 de noviembre próximo en las regiones de Arequipa, Madre de Dios y Puno, al sur del país, para evitar actos de violencia e ilícitos penales en acciones promovidas por la minería ilegal e informal en esas jurisdicciones, que incluyen protestas y marchas.
Las fuerzas armadas deben contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos.
Asimismo, la intervención de las fuerzas armadas no implica la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales, las leyes y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte.
Esta semana, el ministerio del Interior informó sobre la detención de tres hombres, entre ellos un menor, y la destrucción de veinte dragas en un operativo contra la minería ilegal en la parte oriental de la Amazonía peruana.
La operación se realizó en la cuenca del río Pachitea, a su paso por la provincia de Puerto Inca, que se encuentra en la región de Huánuco, a unos 530 kilómetros al noreste de Lima.
Asimismo, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado de Perú (Sernanp) anunció que comenzará a usar en breve drones para detectar la presencia de mineros ilegales dentro de la reserva nacional de Tambopata, situada en la región de Madre de Dios.
Las aeronaves se utilizarán para identificar y realizar seguimientos a las zonas afectadas por los mineros ilegales tanto en el interior del área de conservación como en su zona de amortiguamiento.
Con información de EFE
