El juez Gary Feinerman, de distrito de Illinois bloqueó la nueva regla de carga pública que implementó el gobierno de Donald Trump.
El Político
La regla dificulta a inmigrantes de obtener beneficios migratorios, entre ellos la residencia legal permanente (green card).
La norma fue reactivada por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) el 22 de septiembre tras una batalla legal que terminó en la Corte Suprema.
La reactivación significaba que, antes de aprobar cualquier beneficio migratorio, el gobierno determinará primero si el solicitante podría ser una carga para el estado, reportó Univisión.
“Se concede la moción de juicio sumario de los demandantes”, escribió el juez en el dictamen.
Qué significa
“Con esta decisión, la corte de Distrito de Illinois deja sin efecto la regla de carga pública, la cual no podrá ser implementada, aunque el gobierno apele esta decisión”, explicó José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).
“Es su decisión, la corte dijo que la ley de carga pública viola el Acta de Procedimiento Administrativo (APA) y que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) excedió su autoridad bajo la ley de carga pública de inmigración”.
Guerrero dijo además que, de acuerdo con el dictamen, lo actuado por el gobierno “no está acorde con la ley” y que la regla “es arbitraria y caprichosa”.
“Se trata de una victoria para los demandantes, ya que no deberán completar el formulario de auto suficiencia (Forma I-944) cuando aplican a la residencia”, indicó.
Batalla legal
En septiembre del año pasado el condado de Cook y la ICIRR al DHS y a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) alegando que la regla se trata de una política discriminatoria y arbitraria que sobrecarga los servicios del condado.
Precisaron que la norma, que forma parte de la política de tolerancia cero del gobierno, obliga a los inmigrantes a renunciar a servicios médicos tales como los de atención de emergencia ante el miedo de ser deportados.
El 14 de octubre Feinerman avaló los argumentos de los demandantes y emitió una orden judicial preliminar para detener la puesta en ejecución de la regla, que entraría en vigor el día 16 de ese mes.
En febrero la Corte Suprema, en una decisión 5-4, suspendió la orden judicial en espera del resultado de la apelación del gobierno federal.
El nuevo reglamento entonces entró en vigor, pero a finales de julio un juez federal de Nueva York lo detuvo bajo el argumento de que la política “disuade a los inmigrantes de buscar hacerse la prueba del covid-19, situación que podría amenazar los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus”.
Fallo de este lunes
La decisión de Feinerman emitida este lunes anula la regla en su totalidad a nivel nacional. Además, le otorga al condado de Cook un juicio sumario y faculta autoriza para que proceda el reclamo de protección igualitaria del ICIRR contra el gobierno.
El juez Feirnerman, además, mencionó en su decisión de 14 páginas que el mismo gobierno había reconocido que la regla es defectuosa bajo la Ley de Procedimientos Administrativos (APA) y que los demandantes deben recibir un juicio sobre esos reclamos.
El DHS había solicitado al tribunal que solo anulara la regla en el estado de Illinois, pero Fiernerman determinó que debe desecharse por completo.
“Según los términos sencillos de la APA… una regla de la agencia considerada ilegal en su totalidad no se ‘deja de lado’ solo para ciertos demandantes o áreas geográficas; más bien, la regla será dejada de lado’, punto", escribió el juez.
De qué se trata
La regla final de carga pública, que se publicó el 14 de agosto del año pasado en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) modificó las regulaciones del DHS y describe la manera en la que esta dependencia federal determinará si una persona solicitando admisión a Estados Unidos o el ajuste de estatus (la tarjeta verde) “es inadmisible”, sea porque se trata, o es probable que en cualquier momento “se convierta en una carga pública”.
Pero no todos los extranjeros se verán afectados, advierte el Defensor del Pueblo (Ombudsman) de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). “La regla final exime a ciertas personas, como los titulares de visas "U" y "T", asilados, refugiados y otras categorías”.
Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes señalan que la falta de información, y la incertidumbre generada tras el primer anuncio del gobierno, ha tenido impacto en la comunidad, y denuncian que muchos extranjeros con hijos estadounidenses los han retirado de programas para los cuales califican legalmente por miedo a ser afectados en trámites de legalización futuros.
