La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, Brasil, Colombia y México, está ejerciendo una fuerte presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que transparente los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo, en las que fue declarado vencedor en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición.
Las negociaciones, calificadas por una fuente como "la operación política más importante y difícil de este siglo en América", buscan convencer al chavismo de la necesidad de publicar las actas de los centros electorales y despejar cualquier duda sobre el resultado.
Pocos líderes regionales creen ya que Maduro haya ganado limpiamente, y la negativa del oficialismo a mostrar las actas incrementa las sospechas de fraude.
Se desempolvan entonces, acuerdos previos que intentaron ser firmados entre el Gobierno de Maduro y la oposición, liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que comprometían a ambas partes a aceptar el resultado y permitir un traspaso de poderes sin persecuciones ni revanchismo.
Sin embargo, Maduro y su principal operador político, Jorge Rodríguez, mantienen en público un tono áspero y desafiante, llegando incluso a pedir cárcel para los líderes opositores.
La urgencia de la negociación radica en evitar que la represión de las autoridades venezolanas contra los manifestantes se intensifique y aumente la cifra de muertos, que ya alcanza los 20 según Human Rights Watch, con más de 1.000 detenciones reportadas por la Fiscalía venezolana.
Mientras la situación se agrava en las calles, con Caracas tomada por la policía y los militares, y ciudadanos reduciendo sus desplazamientos por temor a la violencia, la comunidad internacional espera que las negociaciones desbloqueen el impasse.
John Kirby, portavoz de la Casa Blanca para asuntos de seguridad nacional, resumió la postura de Washington:
"Nuestra paciencia se está agotando a la espera de que el CNE diga la verdad".
