Siete academias nacionales de Venezuela realizaron un comunicado conjunto, motivadas por la situación del país, el incremento de la pobreza, de la mortalidad, la grave falta de alimento, la notable carencia de medicamentos y a la respuesta gubernamental a las protestas que, por todo eso, realiza la población. Por ello, expresaron su preocupación por la situación que vive el país ya sus límites de pobreza afecta a 82% de los venezolanos.
El comunicado está firmado por los máximos representantes de las academias de la Lengua, que lidera Horacio Biord; de Historia, Inés Quintero; de Ciencias Políticas, Gabriel Ruán Santos; de Medicina, Alfredo Díaz Bruzual; de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Gioconda Cunto de San Blas; Humberto García Larralde, de Ciencias Económicas y Gonzalo Morales, de Ingeniería y Hábitat.
El comunicado se transcribe a continuación:
"Las academias nacionales, preocupadas por la peligrosa situación institucional, política, social y económica que vive el país, estiman su deber pronunciarse por el restablecimiento de la paz con base en lo establecido en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigentes.
Son motivo de gran preocupación para las Academias los resultados de recientes encuestas que reflejan el incremento de la pobreza en Venezuela. Esta afectaría al 82% de la población, la mitad en pobreza extrema.
Se trata de la consecuencia de erradas políticas económicas implementadas a lo largo de varios lustros que han conducido a una devaluación sostenida de la moneda y a la inflación más alta del mundo en los últimos años, al punto de que la canasta básica familiar en el mes de mayo alcanzó casi un millón y medio de bolívares (es decir, 21,5 veces el salario mínimo). Ello hace casi imposible la sobrevivencia a la familia venezolana, valga decir, a los pobres de antes y a los empobrecidos de ahora.
El incremento de la mortalidad infantil y la materna, asociadas a la grave falta de alimento y a la pobreza, así como las notables carencias en medicamentos y servicios hospitalarios, que rondan el 85%, la reaparición de enfermedades hace tiempo erradicadas como la difteria, o largamente controladas como la malaria y la tuberculosis, complementan un cuadro que habla de un deterioro social pronunciado imposible de sobrellevar.
Estos problemas están en la raíz de las protestas populares que con tanta fuerza han ocurrido en todo el país desde el mes de abril pasado, en uso de la garantía constitucional a la manifestación pacífica, expresada en el artículo 68 de nuestra Carta Magna.
Las Academias Nacionales rechazamos de manera categórica la respuesta del Ejecutivo Nacional a tales manifestaciones, expresada en declaraciones y comportamientos amenazantes de funcionarios del gobierno así como en la brutal y desmedida represión de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y la actuación de cuerpos armados irregulares, que ya ha dejado un saldo trágico de más de 80 muertes -sobre todo de jóvenes y menores de edad- y miles de civiles heridos, arrestados o detenidos.
De estos últimos, varias centenas han sido sometidos a tribunales militares y condenados, en abierta contravención de la Constitución y de tratados internacionales a los cuales está obligada Venezuela como signataria, que prohíben tanto el uso de armas letales para el control de manifestaciones públicas como el empleo de la
jurisdicción militar en causas contra civiles.
Rechazamos igualmente los allanamientos ilegales, los abusos y atropellos cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado.
Estos hechos, que parecen orientados a la conformación de un Estado represivo, violatorio de la Constitución vigente, han sido denunciados categóricamente por la Iglesia Católica y otras entidades civiles y religiosas tanto del país como del exterior.
A las motivaciones sociales que indujeron las manifestaciones iniciales de protesta se han sumado en semanas recientes los reclamos contra las inconstitucionales propuestas del Ejecutivo Nacional en el sentido de forzar un cambio constitucional divorciado de los problemas nacionales, mediante una Asamblea Nacional Constituyente espuria de índole comunal y sectorial, sin la realización previa de un referéndum consultivo.
Las Academias Nacionales protestamos tal convocatoria no solo porque viola las normas constitucionales actuales sobre la materia, sino porque anula el principio del voto universal, directo y secreto vigente en Venezuela desde hace siete décadas.
Las palabras del presidente de la República el día martes 27 de junio anunciando el uso de balas cuando los votos no favorezcan la posición oficial, constituyen una amenaza inaceptable a la convivencia política pacífica y a un principio fundamental de las democracias como es la alternancia en el poder. En virtud de ello, las repudiamos y recordamos que las armas de la República deben ser para la defensa nacional y no para que una minoría trate de imponerse sobre las demás mediante la violencia.
Rechazamos asimismo las decisiones del cuestionado poder judicial que a través de múltiples sentencias, ha llegado al extremo de arrogarse atribuciones de la Asamblea Nacional y de pretender trasladar competencias constitucionales de otros poderes del Estado al ejecutivo nacional, lo cual concentraría en una sola persona o cuerpo estos poderes, como ocurre en regímenes dictatoriales.
Respaldamos las declaraciones y acciones de organismos oficiales y organizaciones públicas como la Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la República, los partidos y organizaciones políticas que luchan por la democracia, múltiples organismos civiles y expertos en derecho constitucional que, invocando los artículos 333 y 350 de la constitución vigente, se han manifestado categóricamente en contra de la ruptura del ordenamiento constitucional perpetrado por el poder ejecutivo, con apoyo y colaboración del poder judicial.
Por todas esas razones, en esta hora compleja de la República, las Academias Nacionales hacen un llamado al cese de la represión y que los poderes públicos se apeguen de manera estricta a la constitucionalidad, la legalidad y la institucionalidad.
Solo así se podrá normalizar la convivencia ciudadana, retomar las abandonadas metas de bienestar social y económico y trabajar en la construcción pacífica de un futuro más promisorio, bajo los principios universales de la democracia, la libertad y el respeto de los derechos humanos".
