Los primeros meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se habían caracterizado por una política de austeridad, pero la crisis migratoria que atraviesa México ha roto esas costuras, según difundió ElPaís
Por Redacción El Político
Definitivamente, la presión ejercida por Estados Unidos para que México frene el flujo de migrantes ha obligado a sus autoridades a hacer un cambio de rumbo
Las autoridades mexicanas están evaluando las implicaciones de la contención de ese flujo migratorio. El subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, ha reconocido este lunes que no tienen una estimación del costo total que implicará contener la crisis y ha asegurado que no han solicitado ampliar el presupuesto para cumplir con Washington. Esta sorprendente declaración se produce tras varios meses de recortes.
Hay que tomar en cuenta que el Instituto Nacional de Migración (INM) gastó casi 600 millones de pesos, más de 30 millones de dólares, casi un 50% más de lo aprobado para ese mismo periodo en los presupuestos. Esto en el primer cuatrimestre de 2019.
Los expertos advierten que dicho incremento se acentuará tras el reciente acuerdo con la Administración Trump.
México se comprometió hace dos semanas a tomar medidas"sin precedentes" para frenar la inmigración. Pero el rastro del dinero indica que el grifo de recursos ya había sido abierto desde hacía unos meses, según muestran las cifras del Informe de avance de gasto. Esto ha ocurrido tras ocho días de incertidumbre a causa de la amenaza arancelaria.
El INM, ente encargado de aplicar la política del país en este ámbito, gastó 230 millones más, casi 12 millones de dólares, en los primeros cuatro meses. Esto además del presupuesto correspondiente a sueldos y retribuciones. Se trata de unos 370 millones de pesos,
De este gasto extra, un 36% corresponde a asignaciones de vigilancia, un 23% a alimentos y limpieza, y casi un 5% a “traslados”, una etiqueta que incluye las deportaciones.
La partida presupuestaria destinada a alimentos para los migrantes es una muestra de lo sucedido con el presupuesto. En los primeros tres meses de 2019, el INM adjudicó contratos de manera directa para abastecer de comida a los centros migratorios por un promedio de nueve millones al mes. Pero ya a finales de marzo, en pleno desarrollo de la crisis, el Instituto abrió dos licitaciones públicas para cubrir ese servicio el resto del año por un promedio de 24 millones al mes, cerca del triple mensual.
Se estima, de acuerdo con ese panorama, que el gasto anual supere con creces el monto asignado a finales de 2018 por el Congreso. Pese a que la ley actual permite a la Secretaría de Hacienda un margen de maniobra sobre lo aprobado por el poder legislativo, los contratos firmados en abril para el resto del año implican que en diciembre de 2019 el Gobierno habrá gastado al menos unos 875 de millones por encima de lo presupuestado.
El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, José Luis de la Cruz, explicó que se espera una estimación a la baja, ya que no tiene en cuenta el aumento de presupuesto al que el Gobierno ha hecho referencia para responder a las exigencias planteadas por EE UU. “Si bien en abril se habían incrementado los recursos, el acuerdo tiene una implicación mucho mayor que rebasa el presupuesto total que se tiene para este año”, explica
Esta tendencia se da en el marco de una política de recortes y despidos en la Administración federal, de los que el organismo fue uno de los principales afectados a principios de año. Pese al crecimiento continuo de los flujos migratorios, el presupuesto del Instituto para 2019 incluyó un hachazo de alrededor del 23% respecto al 2018. Además, se eliminaron 720 puestos de trabajo en una purga lanzada por la nueva dirección para acabar con las prácticas de una institución asociada con la corrupción. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha dicho este lunes, sin entrar en detalles, que la plantilla del Instituto INM fue reforzada durante el fin de semana. Para la Comar, el organismo encargado de tramitar la solicitudes de asilo, se previeron 21 millones, seis menos que el anterior y el presupuesto más bajo desde 2011.
Lo cierto es que el jefe de la diplomacia mexicana confirmó el lunes que está previsto que esta semana se complete el despliegue en la frontera sur de los 6.000 miembros de la Guardia Nacional, dependientes de la Secretaría de la Función Pública. Además, el Gobierno está recabando apoyos internacionales para poner en marcha el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica.
Con información de: ElPaís