Recientemente la Corte Suprema de Colorado y el estado de Maine han emitido fallos que impiden al expresidente Donald Trump postularse nuevamente a la Casa Blanca.
El Político
Ambas decisiones plantean una interrogante. El máximo tribunal de Colorado fue el primero en aplicar a un aspirante a candidato a la Presidencia Donald Trump una inusual prohibición constitucional contra quienes “hayan tomado parte en una insurrección”.
A su vez la secretaria de Estado de Maine, demócrata, fue la primera alta funcionaria electoral en sacar unilateralmente de las boletas a un aspirante amparándose en esa disposición. ¿Quién intenta detener a Trump?
¿Quiénes están detrás de esta campaña?
Desde septiembre, CREW y FSP han estado liderando una campaña en contra de Trump, respaldada por financiamiento de donantes anónimos. CREW, dirigido por el ex republicano David Brock, ha recibido fondos de las Open Society Foundations de George Soros y la Fundación Barbra Streisand.
Por su parte, FSP aboga por la abolición del Colegio Electoral y ha estado promoviendo la teoría de que Trump es un "insurreccionista".
Estos grupos también se han unido a Common Cause, una organización sin fines de lucro financiada por Soros, que respalda la legislación demócrata conocida como "Ley para el Pueblo". Además, abogan por el Voto Popular Nacional, que eliminaría la influencia del Colegio Electoral en las elecciones presidenciales.
El Centro de Responsabilidad Constitucional (CAC) también ha desempeñado un papel importante en esta campaña maligna contra el expresidente defendiendo la divulgación de las declaraciones de impuestos de Trump en 2019. CAC recibe financiamiento de Soros y la Fundación Hewlett. Estos grupos han estado promoviendo su agenda en estados controlados por los demócratas.
Aunque estas victorias puedes ser significativa para estos grupos, es la Corte Suprema de Estados Unidos, que tomará el caso en enero de 2024, lo que podría cambiar el resultado. Mientras tanto, los republicanos podrían aprovechar esta oportunidad para presentar sus propias acciones legales.
Es evidente la influencia que grupos como CREW y FSP tienen en las decisiones judiciales y en la narrativa política. Será crucial seguir de cerca el impacto a largo plazo de estas acciones y cómo los republicanos responderán a ellas en los próximos meses.
