La defensa de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff entregó a la justicia electoral documentos en los que dice probar que su comité de campaña en 2014 pagó parte del gasto de su compañero de fórmula y actual mandatario, Michel Temer.
La propia defensa de Rousseff informó hoy sobre esa acción, con la que intenta probar que las campañas de ambos eran conjuntas y tenían las mismas fuentes de financiación, por lo que si una pudiera ser considerada irregular ocurriría lo mismo con la otra.
Los documentos fueron dirigidos al magistrado Herman Benjamin, instructor en el Tribunal Superior Electoral (TSE) de un proceso que investiga posibles irregularidades en la campaña de 2014, en que la exmandataria fue reelegida con Temer como compañero de fórmula.
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Si las supuestos manejos irregulares en la financiación fueran demostrados, el TSE podría llegar al extremo de anular la victoria en las urnas de Rousseff y, con ello, la del propio Temer, quien se enfrenta al riesgo de perder su cargo por ese asunto.
Rousseff y Temer han negado que puedan haber recibido dinero en forma irregular para esa campaña, pero el actual mandatario además pidió que las cuentas de uno y otro se analicen en forma separada en la justicia electoral, pues dice que no tenían las mismas fuentes de financiación y no debería ser sancionado por irregularidades ajenas.
Sin embargo, la defensa de Rousseff garantizó hoy que en los documentos que ha entregado al TSE comprueba que su comité de campaña asumió el pago de al menos tres millones de reales (980.000 dólares de hoy) correspondientes a gastos en los que incurrió Temer.
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Según los valores declarados tras las elecciones de 2014, el comité de campaña de Rousseff gastó para esos comicios un total de 318 millones de reales, equivalentes hoy a unos 102 millones de dólares.
A ese total, Temer alega haber contribuido solamente con unos 20 millones de reales (6,4 millones de dólares), que recaudó por su propia cuenta, por lo que ha exigido que las autoridades electorales analicen ambas cuentas por separado.
En cualquier caso, la justicia electoral sospecha que tanto la expresidenta como el actual mandatario, que la sustituye desde su destitución, en agosto pasado, se pueden haber nutrido de dinero generado por la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras para financiar las campañas.
EFE
