La oposición venezolana mostró hoy un nuevo ímpetu en su afán de revocar al presidente, Nicolás Maduro, tras la multitudinaria marcha realizada este jueves en Caracas en la que, según las estimaciones de la alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD), participaron más de un millón de personas.
En un primer balance, el secretario de la MUD, Jesús Torrealba, aseguró que 1.100.000 venezolanos se movilizaron en Caracas para presionar al Poder Electoral por la publicación de una agenda que incluya la fecha del referendo revocatorio y de las elecciones de gobernadores.
Torrealba afirmó que durante la denominada "Toma de Caracas" tres grandes avenidas, unos 18 kilómetros de vialidad, fueron copadas de gente pese a los "miles de venezolanos que se quedaron varados en las carreteras o no pudieron salir de sus lugares de destino" por obstáculos puestos por el Gobierno, según dijo.
En este sentido, denunció que cientos de ciudadanos que viajaron desde el interior del país caribeño y que pretendían marchar en Caracas fueron asaltados por delincuentes, dentro de los autobuses en que se trasladaban, mientras estaban varados en alcabalas "puestas por el Gobierno" para impedir el paso.
Más tarde, durante una conferencia de prensa, el opositor indicó que miles de venezolanos en 49 ciudades del extranjero también se manifestaron a favor del revocatorio y que, en suma, cerca de dos millones de venezolanos se movilizaron el 1 de septiembre, pese a que todos no pudieron llegar a sus lugares de destino.
Reiteró el llamado a nuevas acciones de calle entre las que citó las 24 marchas que harán el próximo miércoles hacia las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) en todos los estados del país para seguir presionando por el referendo.
Además, tras protagonizar "la más importante movilización de la historia política venezolana" la MUD planea ahora la "Toma de Venezuela", una protesta de 24 horas de duración prevista para el 14 de septiembre, un día después de que, esperan, el CNE anuncie la fecha del último paso previo a la convocatoria del revocatorio.
"Si el gobierno incurre en cualquier conducta violatoria de la Constitución que signifique poner en peligro la consulta electoral seremos capaces de convocar nuevamente a millones de venezolanos para hacer lo que haya que hacer para exigir el restablecimiento del hilo constitucional", agregó, entre aplausos, Torrealba.
El Gobierno, por su parte, citó al cuerpo diplomático que hace vida en el país suramericano para explicar los supuestos planes golpistas que adelantaba la oposición y que habrían sido depuestos por las fuerzas de seguridad del Estado.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, y el ministro de interior y justicia, Néstor Reverol, encabezaron este encuentro en el que denunciaron los "asesinatos selectivos" que tramaba el antichavismo, y reiteraron a modo de celebración "el triunfo de la paz" y de la llamada Revolución Bolivariana.
También el defensor del pueblo, Tarek William Saab, destacó la "demostración de civismo" de los ciudadanos que participaron en los actos políticos del jueves, incluyendo a los miles de chavistas que se concentraron al oeste de Caracas "en defensa de la Revolución" y del mandatario venezolano.
Precisamente sobre esta actividad, Maduro dijo hoy que superó en números a la manifestación opositora al calcular que cerca de 300.000 venezolanos acudieron a su llamado frente los menos de 35.000 que, estimó, marcharon junto a la MUD.
Con todo, la jornada del 1 de septiembre en Venezuela acaparó la atención internacional y puso de manifiesto el apoyo popular a la realización del referéndum, o al menos así lo expresó el Gobierno español en un comunicado que fue tildado de "injerencista" por la embajada del país petrolero en esa nación europea.
Mientras tanto, la oposición subió el tono tras "la jornada histórica" y remarcó que peleará para que la última fase de requisitos del revocatorio que consiste en la recolección de apoyos equivalente al 20 % del registro de votantes, unos 4 millones de electores, se realice de acuerdo a sus exigencias.
Todo esto ocurrió el mismo día que un alcalde opositor fue detenido en el céntrico estado Aragua, que la Sociedad Interamericana de Prensa acusó al Gobierno de no garantizar el derecho a la libertad de expresión y que la Iglesia católica venezolana "desmentía" a Maduro y hacía votos a favor del referendo.
Con información de EFE
