Por octavo año consecutivo Venezuela repite en último lugar del Índice de Estado de Derecho de World Justice Project.
El Político
Venezuela quedó en el último lugar de 140 países que son evaluados.
En esta ocasión, En esta edición, Venezuela obtuvo 0,26 puntos, una centésima menos que el año pasado 2021 cuando sacó 0,27 puntos, reportó DiariolasAmericas.
¿Por qué es importante?
Uno de los aspectos evaluados en el índice es el referido a la justicia penal en el que Venezuela volvió a obtener 0,12 puntos. Esto quiere decir que el país no registró ningún avance en este tema en los últimos 12 meses.
El informe de WJP concluye que la reforma judicial llevada a cabo por el régimen de Nicolás Maduro no está teniendo resultado para hacer más eficiente el sistema de justicia.
El Estado de derecho es un principio bajo el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas o privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a normas jurídicas que se hacen públicas, se deben cumplir por igual y se aplican con independencia política e imparcialidad.
La Organización de las Naciones Unidas considera que este principio es fundamental para alcanzar sus tres objetivos fundamentales: la paz, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo de todas las personas.
El 15 de abril de 2022, Venezuela solicitó al fiscal de la CPI, Karim Khan, que aplazara la investigación de su oficina sobre posibles crímenes de lesa humanidad, alegando que las autoridades nacionales ya estaban investigando estos crímenes.
El 20 de abril, Khan notificó a un panel de jueces de la CPI sobre la solicitud de Venezuela. En el mismo documento, indicó que su oficina pronto pediría a los jueces que rechazaran la solicitud. La investigación está suspendida hasta que los jueces se pronuncien sobre la próxima solicitud de Khan.
El 3 de noviembre de 2021, Khan anunció su decisión de abrir una investigación sobre Venezuela. También firmó una carta de entendimiento con las autoridades venezolanas, en la que el gobierno se comprometió a adoptar “todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia”.
En contexto
Como en 2021, el país quedó en el último lugar en tres de las ocho categorías evaluadas: límites al poder gubernamental, cumplimiento regulatorio y actuación del sistema de justicia penal, reseñó Impacto Venezuela.
Organismos nacionales e internacionales advierten que las medidas tomadas por el régimen no atacan de raíz los problemas del sistema de justicia en Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que es preferible no permitir la reelección ni la ratificación discrecional de los magistrados, ya que existe “el riesgo de comportarse de tal modo que obtenga[n] el apoyo de la autoridad encargada de tal decisión.”
En esa línea,la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela en su tercer informe presentado en septiembre determinó que "las reformas que han venido anunciándose desde 2021 se han implementado de forma parcial -en el mejor de los casos- y no han abordado las graves deficiencias del sistema de justicia, que socavan su independencia e imparcialidad".
Lo anterior coincide con datos aportados por el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional que ubica a Venezuela en el puesto 177 de 180. Esto supone un retroceso de un puesto en comparación con 2021.
De los resultados obtenidos por Venezuela en el índice también se desprende que las reformas legales implementadas por el régimen de Maduro tampoco han servido para combatir la corrupción.
Did you know that Norway ranks #1 in #OpenGov in the 2022 WJP #RuleofLawIndex?
Explore rankings in open government and more below ?https://t.co/7C9WJrTtzX
— World Justice Project (@TheWJP) November 14, 2022
En conclusión
Los funcionarios judiciales son percibidos como los más propensos a incurrir en corrupción administrativa, seguidos por los funcionarios gubernamentales, los policías y los militares.
Según WJP, "el Estado de derecho, es un sistema durable de leyes, de instituciones y de normas que obliga a las autoridades a rendir cuentas sobre sus actuaciones, al tiempo que protege los derechos fundamentales de toda la población. Este ofrece mecanismos accesibles e imparciales para resolver las controversias y disputas que se presenten en una sociedad determinada", reseñó el portal Acceso a la Justicia.
Por su parte, Human Rights Watch señaló que el poder judicial de Venezuela no ha investigado adecuadamente los abusos generalizados a pesar de que existen pruebas convincentes de que ocurrieron, y la impunidad por violaciones de derechos humanos sigue siendo la norma, señaló
Agrega que las medidas recientes para reformar el sistema de justicia de Venezuela no son adecuadas para abordar la profunda falta de independencia judicial en el país, e incluso podrían agravarla.
Desde que el difunto presidente Hugo Chávez, y sus partidarios en la Asamblea Nacional, coparon políticamente el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en 2004, el poder judicial ha dejado de funcionar como un poder independiente.
Los jueces del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han defendido sistemáticamente políticas y prácticas abusivas.
En el sistema legal venezolano, el Tribunal Supremo juega un papel fundamental en el nombramiento y la remoción de jueces de tribunales inferiores, por lo que la falta de independencia judicial en el más alto tribunal ha afectado a todo el poder judicial.
